La intervención de dos toneladas de fruta tropical en Tenerife recuerda la necesidad de prevenir la entrada de plagas y enfermedades. Una vigilancia que también debe alcanzar al movimiento de abejas sin las correspondientes garantías sanitarias.
1. Intervenidas dos toneladas de fruta tropical en Tenerife
La Agencia Tributaria informó el 20 de octubre de la intervención de dos toneladas de fruta tropical procedente de terceros países cuya introducción en Canarias está prohibida. La mercancía fue localizada en dos furgonetas durante los controles realizados a la llegada de varios buques comerciales al puerto de Santa Cruz de Tenerife.
La actuación fue desarrollada por funcionarios de Aduanas y agentes de la Sección Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil. Tras inspeccionar los vehículos, examinar la carga y comprobar su documentación, se procedió a la incautación de los productos y a la tramitación de expedientes sancionadores por presuntas infracciones de la Ley de Sanidad Vegetal y de la normativa fitosanitaria canaria.
Según explica la nota oficial, estos controles buscan evitar la entrada de organismos perjudiciales y proteger al sector agrario del archipiélago frente a sus consecuencias sanitarias y económicas.
2. Por qué existen estas restricciones y qué consecuencias se pretende evitar
La entrada de productos vegetales está sometida a condiciones que dependen de su naturaleza y procedencia. La normativa fitosanitaria aplicable a Canarias establece prohibiciones para determinadas mercancías y exige requisitos específicos para otras. Su finalidad es impedir que esos productos se conviertan en una vía de introducción de organismos nocivos para los cultivos.
La apariencia de una mercancía no basta para determinar su seguridad fitosanitaria. Los controles deben comprobar que cumple las condiciones de entrada antes de permitir su distribución. En este caso, la Agencia Tributaria no ha comunicado la detección de una plaga concreta en la fruta intervenida: la actuación tiene precisamente un carácter preventivo.
Si un organismo perjudicial consigue establecerse, las consecuencias pueden prolongarse mucho más allá del envío que facilitó su llegada. Pueden aparecer pérdidas de producción, mayores gastos de vigilancia y tratamientos y dificultades para contener su propagación. El perjuicio puede alcanzar a productores que han cumplido sus obligaciones y que no han participado en la entrada irregular.
Por eso, respetar las restricciones y los controles es una responsabilidad colectiva. Quien introduce una mercancía incumpliendo los requisitos puede obtener un beneficio particular mientras traslada el riesgo y sus posibles costes al conjunto del sector.
La intervención en Tenerife pone de relieve el valor de actuar antes de que aparezca el daño. Esa misma prevención debe orientar el control de otras entradas capaces de comprometer la sanidad de nuestras explotaciones.
3. La misma vigilancia debe aplicarse al movimiento de abejas
Desde ApiGranca denunciamos que se están introduciendo abejas foráneas en las islas sin la documentación sanitaria correspondiente. Reclamamos que estos movimientos sean investigados y que se compruebe el cumplimiento de las obligaciones de certificación, documentación y registro aplicables.
La apicultura canaria ya conoce las consecuencias de la llegada de un parásito desde el exterior. La varroosis apareció en Tenerife en 1993 y posteriormente se extendió a otras islas, como recoge expresamente la Orden del Gobierno de Canarias de 9 de junio de 1998. Su detección obligó a establecer medidas de diagnóstico, tratamiento y control de los traslados de colmenas desde aquel mismo año.
Desde ApiGranca hemos señalado la importación de abejas foráneas como vía de introducción de la varroa en Canarias. Este antecedente muestra cómo las consecuencias de una entrada pueden perdurar durante décadas y trasladar al conjunto de los apicultores un esfuerzo sanitario y económico continuado.
La exigencia de acreditar el origen y la sanidad de las abejas viene de lejos. El artículo 290 del Reglamento de Epizootias de 1955 establece que su circulación comercial debe ir acompañada de documentación acreditativa de ambos extremos, incluso en situaciones de normalidad sanitaria. Su artículo 291 contempla, además, requisitos específicos de autorización y certificación para la importación de núcleos, reinas y obreras. Estas disposiciones deben leerse junto con la normativa posterior aplicable a cada tipo de movimiento.
El Real Decreto 728/2007 desarrolla el sistema de trazabilidad de los movimientos ganaderos. Regula la comunicación de las salidas y entradas y el documento que debe acompañar a los animales hasta su destino. Las abejas están expresamente incluidas en el calendario de aplicación del Registro General de Movimientos de Ganado —REMO— desde el 30 de junio de 2011.
En Canarias existe, además, una previsión concreta para los traslados entre islas. La Orden de 23 de diciembre de 1999 considera cada isla una unidad sanitaria y su artículo 7 exige que los movimientos de animales de la especie apícola entre estas unidades vayan acompañados de una Guía Sanitaria, con independencia de la finalidad del traslado.
Estas obligaciones permiten conocer la procedencia y el destino de las abejas y respaldar los controles sanitarios correspondientes. Eludirlas dificulta la trazabilidad y la investigación de un eventual foco de enfermedad.
El riesgo justifica esta vigilancia. El Ministerio de Agricultura dispone de protocolos específicos frente a parásitos como el pequeño escarabajo de la colmena, Aethina tumida, y los ácaros Tropilaelaps, que contemplan precauciones incluso respecto a las abejas que acompañan a las reinas.
La relación con la fruta intervenida es clara: en ambos casos, los controles buscan cerrar vías de entrada de organismos perjudiciales antes de que se produzcan consecuencias para las explotaciones. En apicultura, esas garantías deben exigirse tanto en las entradas desde el exterior del archipiélago como en los movimientos entre islas, conforme a los requisitos correspondientes.
Desde ApiGranca reclamamos que se compruebe la documentación de los envíos de abejas, se investiguen los movimientos irregulares y se exijan responsabilidades cuando corresponda. La experiencia de la varroosis debe servir para reforzar la prevención frente a nuevas amenazas.
La sanidad de las colmenas forma parte de la protección del sector primario canario. Quien mueve abejas sin cumplir los requisitos sanitarios pone en riesgo el trabajo de muchos apicultores.