La reciente decisión de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife de reabrir la causa penal contra el Cabildo de El HIerro sobre la introducción de abejas no autóctonas en la isla ha dejado al descubierto un problema mayor y sostenido en el tiempo: la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias no solo ha desoído durante años las advertencias del sector apícola, sino que además ha fallado en su obligación legal de proteger y ordenar adecuadamente la raza autóctona de abeja negra canaria (un ecotipo local de Apis mellifera iberiensis). La reapertura judicial es un revés para el Cabildo de El Hierro, pero también lo es —y de forma inevitable— para la propia Consejería, cuya inacción, errores y omisiones aparecen ahora conectados entre sí como parte de una misma falta de política pública en materia de biodiversidad.
ApiGranca ha venido alertando insistentemente sobre la drástica disminución del porcentaje de abeja negra canaria en El Hierro y la introgresión genética en otras islas, un fenómeno que solo puede explicarse por la entrada continuada de abejas foráneas e híbridas. Estas advertencias no fueron atendidas. Informes científicos, análisis genéticos, datos objetivos y denuncias formales fueron ignorados sistemáticamente. No se abrieron expedientes sancionadores, no se realizaron controles biológicos, no se verificaron importaciones y no se implementó ningún plan de protección genética, a pesar de que la Consejería tenía la obligación legal de hacerlo. Ahora, la Audiencia Provincial señala que los informes aportados por la propia administración no solo son insuficientes, sino que carecen del rigor técnico mínimo exigible para descartarse que se hayan producido introducciones ilegales. La consideración judicial es especialmente grave porque revela que la Consejería acudió al juzgado sin estudios científicos reales y sin personal cualificado, mientras la situación genética de la abeja negra empeoraba de forma acelerada.
Esta falta de actuación se agrava aún más con un hecho reciente que refleja la magnitud del abandono institucional hacia la abeja negra canaria. Hace apenas unos días, el Gobierno de Canarias denegó a ApiGranca la inscripción como Asociación de Criadores de Abeja Negra Canaria, alegando que la raza no figura en el catálogo oficial de razas ganaderas del Estado. Ese argumento, que pudiera parecer técnico, en realidad evidencia una omisión aún más grave: la raza no aparece en el catálogo porque la propia Consejería no ha hecho su trabajo. Es la administración autonómica la responsable de promover la inclusión de las razas locales y de tramitar la documentación necesaria para su protección y reconocimiento oficial. La abeja negra canaria lleva décadas siendo estudiada y reconocida científicamente, pero nunca ha sido impulsada administrativamente. Es decir, el Gobierno de Canarias utiliza como excusa una ausencia administrativa causada por sí mismo para negarse a reconocer una asociación cuyo objetivo es precisamente conservar esa raza que la Consejería no ha sabido proteger. Basta recordar que el Pleno del Parlamento de Canarias aprobó por unanimidad en 2023 instar al Gobierno de Canarias a realizar esta gestión ante el ministerio, que el Cabildo de Gran Canaria financió y proporcionó a la Consejería el estudio de la Universidad de las Palmas sobre la caracterización racial de la abeja negra canaria y que ApiGranca, ante la parálisis administrativa, proporcionó de manera altruista toda la documentación técnica necesaria para presentarla al ministerio. A pesar del mandato parlamentario y de disponer de todo el expediente, la consejería no ha movido ficha.
Esta negativa revela un círculo vicioso profundamente perjudicial para la biodiversidad: la Consejería no protege la abeja negra canaria, no tramita su inclusión en los registros oficiales, no controla las introducciones de abejas foráneas, no sanciona prácticas ilegales, no realiza estudios técnicos, no atiende las advertencias del sector y, como culminación, utiliza su propia omisión como argumento para impedir que los apicultores se organicen para suplir su labor. La reapertura de la causa penal hace ahora visible que esta cadena de fallos no es un problema aislado, sino un patrón institucional que ha favorecido de manera indirecta —pero efectiva— la sustitución genética de la raza autóctona.
Lo que plantea la Audiencia Provincial no es solo una investigación sobre hechos ocurridos en El Hierro, sino un aviso judicial sobre la necesidad de actuar con rigor técnico y responsabilidad ambiental. La consecuencia política para la Consejería es evidente: su falta de control y su respuesta administrativa insuficiente ya no son una cuestión de percepción del sector, sino un hecho constatado por un tribunal. La consecuencia institucional es aún mayor: si se confirma el daño biológico sufrido por la abeja negra canaria, la comunidad autónoma podría enfrentarse a reclamaciones patrimoniales y a exigencias de reparación ambiental por haber permitido la desaparición progresiva de un recurso genético único.
Esta crisis también tiene un componente moral. No se puede exigir a los apicultores que preserven una raza mientras la administración ignora los riesgos, silencia las advertencias, aporta informes incompletos y rechaza reconocer a las asociaciones que quieren protegerla. El rechazo a inscribir a ApiGranca como Asociación de Criadores, unido a la falta de un plan autonómico de conservación, demuestra un desinterés estructural hacia la biodiversidad canaria que contrasta con el esfuerzo continuado del sector para evitar la pérdida irreversible de la abeja negra.
La resolución de la Audiencia Provincial obliga ahora a la Consejería a asumir su responsabilidad. La administración ya no puede seguir escondiéndose tras informes incompletos ni alegaciones formales. El daño genético está documentado, la especie está en retroceso y un tribunal superior ha considerado que existen indicios suficientes para investigar si la introducción de abejas no autóctonas ha sido un acto que afecta al equilibrio biológico de El Hierro. La protección de la abeja negra canaria exige actuación inmediata y seria. ApiGranca seguirá trabajando, como ha hecho hasta ahora, para garantizar que se esclarezcan los hechos, se depuren responsabilidades y se adopten medidas reales de conservación y protección de un patrimonio genético que pertenece a todos los canarios.