Ha sido publicada Orden de 22 de noviembre de 2021, por la que se convocan de manera anticipada para el ejercicio 2022 las subvenciones destinadas a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas (ADSG) previstas en el Real Decreto 81/2015, de 13 de febrero, que establece las bases reguladoras de las subvenciones estatales destinadas a las agrupaciones de defensa sanitaria ganaderas.
La mejora de la calidad sanitaria, la agilidad comercial y la rentabilidad de las explotaciones ganaderas requieren un alto nivel sanitario que solo puede lograrse mediante la colaboración del sector, tanto en la lucha y erradicación de enfermedades, como en el mantenimiento y creación de estructuras defensivas ante el riesgo de aparición y difusión de enfermedades exóticas.
Por ello, el artículo 43 de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal, ya dispuso que las Administraciones Públicas, para fomentar la constitución de agrupaciones de defensa sanitaria ganaderas, pudieran habilitar líneas de ayuda encaminadas a subvencionar los programas sanitarios.
De manera que se aprueba la realización de un gasto durante el ejercicio 2022 por importe de setecientos treinta y cinco mil (735.000,00) euros y convocar para el ejercicio 2022, condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en dicho ejercicio, las subvenciones destinadas a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas.
Podrán ser objeto de subvención la compra y administración de vacunas y medicamentos veterinarios (desparasitantes) incluidos los gastos de la actuación profesional de los veterinarios de las ADSG.
Las solicitudes para acogerse a esta convocatoria se formularán cumplimentadas en todos sus apartados ajustadas al modelo normalizado que figura en esta Orden como Anexo I, y se presentarán de forma electrónica a través de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el plazo de un (1) mes contado a partir del día 2 de enero de 2022, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas