El sector exige que se prohíba la importación de especies foráneas que ponen en peligro la supervivencia de la raza autóctona.
La importación de abejas foráneas como la italiana o la buckfast, procedente de Inglaterra, pone en peligro a la abeja negra canaria. No solo con ellas llegan enfermedades letales para el insecto isleño sino que, de otro lado, supone la pérdida por hibridación de la genética de una raza autóctona que fue declarada en peligro de extinción en 2001.
Consenso y acuerdo
Con el fin de evitar que esta situación «ilegal» continúe, el representante de la Asociación de Apicultores de Gran Canaria (ApiGranca), Antonio Quesada, y la bióloga de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Nieves González, pidieron a los grupos parlamentarios, en la comisión de Agricultura, consenso y acuerdo para impedir la entrada de abejas foráneas a las Islas.
1% de colmenas.
«Legislen con valentía y protejan la raza autóctona porque del Parlamento depende su supervivencia», solicitó Quesada, quien advirtió que no existen registros en la Dirección General de Ganadería de cuántas de estos insectos importados hay en el Archipiélago. De las 33.733 colmenas censadas, el 1% tiene registradas insectos extranjeros. La mayoría se concentra en El Hierro, donde el Cabildo Insular promueve la importación. «Esta situación la hemos denunciado en los tribunales porque una institución no debería prestarse a dejar que esto ocurra», destacó Quesada.
«No hay estudios ni motivo»
El motivo principal que da la institución herreña para esta autorización es la alta productividad y la resistencia a las enfermedades del insecto foráneo. Un hecho que desmontó Quesada al asegurar que «no hay estudios que digan que produce más miel o que sobrevive a situaciones que la canaria no. No hay motivo ninguno para que esa abeja de fuera esté en las Islas».
200.000 euros anuales
Una de las enfermedades más frecuentes que sufren los insectos canarios es la varroosis, un ácaro que daña las larvas, y en la que, según Quesada, los apicultores gastan en conjunto en torno a 200.000 euros anuales en su tratamiento.
No exento de polémica
Todos los grupos parlamentarios coincidieron en elevar iniciativas al Gobierno de Canarias para atajar la situación aunque el asunto no estuvo exento de polémica. El diputado de CC, Francisco Linares, pidió «contrastar opiniones y que la Asociación de Apicultores de Tenerife (Apiten), isla que concentra el 60% de la actividad apícola canaria, dé su opinión al respecto y exponga su situación». Una ausencia que justificó el socialista, Manuel Fumero, proponente de esta comparecencia, al asegurar que «respondieron tarde a la solicitud y no hubo acuerdo de la mesa para que asistieran a la comisión».